Uber Files: Gran escándalo por lobbies, sobornos y evasiones globales

Otro escándalo mundial por filtración de correos: el Uber Files, revelado por el Consocio Internacional de Periodistas Independientes (ICIJ), ha puesto a la multinacional contra las cuerdas.

Uber, la empresa estadounidense de servicios y movilidad está en la picota tras develarse métodos para conseguir autorizaciones en algunas de las principales ciudades del mundo. Los Uber Files, on124.000 documentos referidos a gestiones en 40 países, ya tiene un alcance mundial.

Los Uber Files se refieren a 2013 - 2017, en el que Travis Kalanick estaba al frente de la misma.

Mark MacGann, ex jefe del lobby europeo de Uber ha filtrado 18,69 GB de correos, mensajes de texto y registros a The Guardian que revelan cómo el gigante de los viajes compartidos construyó una enorme máquina de influencia para allanar el camino hacia la dominación global.

Mark MacGann, irlandés de 52 años, fue principal lobbista de Uber para Europa, Medio Oriente y África de 2014 a 2016 y supervisó las relaciones gubernamentales y las políticas públicas en más de 40 países. La caótica expansión global de la compañía, que estuvo plagada de violaciones de las leyes locales de transporte.

El ICIJ recopiló esa documentación, publicada por The Guardian y compartida con medios de 29 países.

En ellos se describen algunos métodos y procesos por los que la compañía americana lograba los permisos para expandirse por las principales ciudades del mundo, entre ellos las presiones a políticos y medios llegando incluso fomentar el conflicto entre sus conductores y  taxistas que protestaban por su creciente volumen de negocio

Uber habría presionado a gobiernos y engañado a la policía para expandirse. También usando recursos informáticos para engañar a la policía en sus investigaciones o el fichaje de ex altos cargos públicos para facilitar el lobby. También se desvelan diversas conversaciones del CEO  Kalanick en las que llega a reconocer la dudosa ética de sus estrategias. En ellas los directivos de Uber reconocen su mala praxis, hasta el punto de autodefinirse como "jodidamente ilegale en muchos países. Deberíamos evitar realizar declaraciones polémicas", reconoce uno de los directivos en esos documentos. "Nos hemos convertido oficialmente en piratas", decía otro.

Fomentar la tensión social como estrategia
Una de las estrategias más polémicas es la que fomentaba situaciones de tensión en las ciudades en las que los taxistas protestaban por la intromisión de los conductores de la empresa americana. Kalanick llega incluso a afirmar que "vale la pena" enviar a conductores a esas protestas para generar violencia, "que garantiza el éxito".

De hecho, en algunas ciudades fue precisamente a raiz de manifestaciones violentas de los taxistas con los conductores de Uber con las que se consiguieron avances importantes. Kalanick llegó a asegurar que "valía la pena" alimentar el conflicto. "La violencia garantiza el éxito y hay que enfrentarse a estos tipos, ¿no?". Incluso en otro documento se recoge cómo se plantea "utilizar como un arma" a los conductores y aprovechar la violencia que sufrirían "para alimentar el fuego de la polémica".

Presiones a Macron, Scholz, Biden... y Rajoy
Las relaciones con los máximos mandatarios de algunos países forman otro capitulo interesante de los Uber Files. Así, los directivos de la empresa llegaron a calificar de "auténtico payaso" al ahora canciller alemán Olaf Scholz cuando exigió aumentar los salarios a los conductores de Hamburgo, ciudad de la que entonces era regidor.

Incluso menospreciaban a Biden, en su época de vicepresidente de Obama: "Le he dicho a mi gente que le transmitan que cada minuto que llegue tarde es un minuto menos que estará conmigo", llegó a comentar sobre él Kalanick. Precisamente un asesor de Obama, partidario de la empresa americana, se desplazó a Madrid para convencer a Mariano Rajoy de las bondades de Uber.

Nuestra estructura del impuesto de sociedades es, en términos puramente políticos europeos, el talón de Aquiles de la empresa”, escribió Mark MacGann, el principal lobista de Uber en Europa, al jefe del departamento fiscal de la empresa a principios de 2015. En aquel momento, los reguladores europeos estrechaban el cerco sobre Apple, Amazon y Google, acusando a los titanes tecnológicos estadounidenses de competencia desleal y abuso de acuerdos fiscales ventajosos.

Los ejecutivos de Uber, la empresa que permite pedir un coche con conductor desde una aplicación, temían que ellos pudieran ser los siguientes. A medida que ampliaba su presencia en todo el mundo, el gigante del transporte por carretera había ideado formas de ahorrar millones de dólares en impuestos, canalizando los beneficios a través de Bermudas y otras jurisdicciones de baja o nula presión fiscal. Según una estimación del Centro Internacional para el Impuesto de Sociedades, la Responsabilidad y la Investigación (CICTAR, por sus siglas en inglés), Uber evadió al menos 556 millones de dólares (552 millones de euros) en impuestos a escala mundial en 2019.

En un mail enviado a directivos, MacGann declaraba que compartir información sobre los ingresos de los conductores podría “contener” las demandas de las autoridades fiscales. Al hacerlo, Uber podría “evitar la ampliación de la investigación a otros países y/u otros asuntos fiscales (corporativos)”, escribía.

Estos correos son parte de Uber Files, más de 124.000 documentos filtrados al diario The Guardian y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y sus medios colaboradores, EL PAÍS y La Sexta en España. Más de 180 periodistas de 44 medios han analizado los archivos, que abarcan de 2013 a 2017, fechas en las que Uber se estrenaba en decenas de ciudades pasando por encima del marco legal, sin permisos, evitando pagar impuestos, enfrentándose a la industria del taxi y exigiendo a conductores precarios y sin licencia facturaciones cada vez mayores para conseguir más beneficios.

Según los documentos filtrados, a medida que aumentaba el escrutinio, Uber ideó una osada estrategia para desviar la atención de sus responsabilidades fiscales: ayudar a las autoridades a recaudar impuestos de sus conductores.

Los ejecutivos instruyeron a los gerentes regionales sobre cómo adelantarse a las críticas del Gobierno hablando de “soluciones” que Uber había ideado para asegurarse de que sus conductores pagaran impuestos. Una plataforma digital de declaración de impuestos probada en colaboración con las autoridades fiscales estonias fue una de las soluciones citadas en los correos.

Los directivos de Uber sabían que la postura agresiva de la empresa atraería una atención no deseada, según muestran los documentos. “Determinados temas, como (...) la fiscalidad de las empresas son muy sensibles y generan muchas críticas”, escribía el directivo Pierre-Dimitri Gore-Coty

“Lo de Bermudas o las Islas Caimán es lo que realmente cabrea a mucha gente en Europa”, escribía Rachel Whetstone, entonces jefa de comunicación de Uber. “Incluso el mero hecho de no estar en el Caribe nos situaría muy por delante de las empresas tecnológicas estadounidenses”, remachaba Whetstone. “De todos modos, que quede entre nosotros, ya que es el tema ‘que no debe ser nombrado”, escribía, presumiblemente refiriéndose a la evasión de impuestos. La ejecutiva no ha hecho comentarios sobre la estrategia fiscal de Uber.

La conexión holandesa
La sede de Uber en San Francisco son dos modernos edificios frente a la bahía. Pero el centro financiero de la empresa para sus actividades en gran parte del mundo se encuentra en Países Bajos, un paraíso fiscal para las empresas.

En 2012, pocos meses después de su estreno europeo en Francia, Uber creó una empresa holandesa, Uber BV, para recibir los pagos de los clientes que utilizan los coches de Uber en Nueva Delhi, Londres, Sídney y centenares de ciudades más de todo el mundo.

Uber BV devolvía hasta el 80% de cada viaje al conductor. La mayor parte del resto se enviaba a su operación en Bermudas, donde los ingresos de las empresas no están sujetos a impuestos. El acuerdo dificultaba además que las autoridades fiscales nacionales supieran cuánto ganan los conductores porque se les paga a través de Países Bajos.

La especial conexión de Uber con Países Bajos se hizo evidente en la primavera de 2015, cuando las autoridades fiscales de Francia, Alemania, Suecia, Reino Unido y Bélgica pidieron a Holanda que Uber BV compartiera información sobre los conductores.

Las autoridades querían saber el nombre y la fecha de nacimiento de los trabajadores, sus matrículas, el número de viajes, las cuentas bancarias y otros detalles para determinar sus obligaciones fiscales. La petición alarmó inicialmente a los directivos de Uber: sus ejecutivos temían que las autoridades empezaran a perseguir a los conductores exigiéndoles impuestos atrasados y compartiendo datos con otras agencias. Les preocupaba que los conductores dejaran la empresa y se fueran a trabajar a los competidores de Uber.

“Las autoridades fiscales holandesas están tratando de frenar el intercambio de información y probablemente hagan lo mismo si surgen nuevas solicitudes de otros países”, escribía Van der Woude, uno de los gestores fiscales internacionales de Uber, en un correo.

Los cinco países de la UE también estaban investigando a Uber para evaluar si la empresa estaba pagando impuestos sobre la renta donde debía, y si tenía que cobrar un impuesto sobre el valor añadido en los trayectos. “Será una batalla importante que necesitaremos que [las autoridades fiscales holandesas] libren por nosotros”, afirmaba Van der Woude en un correo.

En diciembre de 2015, Van der Woude compartió “actualizaciones positivas” con sus compañeros: un contacto que trabajaba para la agencia tributaria holandesa le había asegurado que, una vez que los países implicados en la auditoría recibieran la información de los conductores, “no adoptarían un enfoque punitivo” para cobrar impuestos a los conductores. Tanto MacGann como Van der Woude han dejado la empresa. No han hecho comentarios sobre su papel en el trato con las autoridades fiscales.

Los expertos entrevistados por los periodistas del ICIJ señalaron que los funcionarios holandeses podrían haber violado las leyes locales si de alguna manera obstaculizaron o retrasaron la solicitud de información de las autoridades europeas y compartieron detalles de la auditoría con Uber. Un portavoz de la agencia tributaria holandesa ha asegurado que los funcionarios no incumplieron ninguna obligación ni retrasaron la investigación, y tampoco mostraron ningún “favoritismo” hacia Uber.

Uber tenía previsto enviar la información solicitada sobre sus conductores a la agencia tributaria holandesa en enero de 2016, y luego los holandeses la compartirían con otros funcionarios europeos, según los archivos filtrados. Pero no está claro qué países recibieron los datos en ese momento. En 2018, las autoridades fiscales danesas exigieron que unos 1.200 conductores de Uber pagaran 1,9 millones de dólares más en impuestos tras analizar los datos facilitados por los holandeses.

En respuesta a las preguntas del ICIJ, la portavoz de Uber dijo que la empresa “habitualmente suministra datos fiscales a las autoridades tributarias, de conformidad con las leyes fiscales y las normas de protección de datos”.

Reorganización 
En 2019, la insinuación de la ex jefa de comunicación Rachel Whetstone de que Uber cerraba las operaciones en los paraísos fiscales del Caribe se cumplió, al menos en parte. Antes de entrar a cotizar en la Bolsa de Nueva York, Uber reestructuró su negocio global.

Una filial holandesa compró la propiedad intelectual que antes pertenecía a la sociedad instrumental de Uber en Bermudas, utilizando un préstamo de 16.000 millones de dólares de la unidad de Uber en Singapur. La maniobra se produjo después de que la Unión Europea tomara medidas enérgicas contra la evasión fiscal.

Pero el nuevo acuerdo contenía lucrativas ventajas fiscales. Uber estructuró el préstamo de su filial para reducir su renta imponible en Países Bajos en unos 1.000 millones de dólares al año durante dos décadas, el plazo del préstamo, según un informe del Centro Internacional para el Impuesto de Sociedades, la Responsabilidad y la Investigación, o CICTAR (por sus siglas en inglés).

Los defensores de la justicia fiscal estaban indignados: definieron a Uber como “la Champions League de la evasión fiscal”. Los investigadores de CICTAR estimaron que, en 2019, el año de su salida a Bolsa, Uber evadió al menos 556 millones de dólares (552 millones de euros) en impuestos a escala mundial. En recientes presentaciones corporativas, Uber afirmaba que actualmente se enfrenta a numerosas auditorías por parte de organismos fiscales en Estados Unidos y en el extranjero.

Según Jason Ward, el investigador del CICTAR que revisó los acuerdos de Uber en Países Bajos, India y otros países, empresas como Uber “remodelan continuamente” su estructura en un esfuerzo por evitar impuestos y confundir a las autoridades fiscales. “Cuanto más cambia”, declaraba, “más difícil es seguirle la pista”.

“Abrazad el caos”
El “idilio” de Travis Kalanick con India comenzó cuando, siendo un joven programador, pasó un mes en la ciudad sureña de Varkala, trabajando desde la playa, según comentó una vez en una entrevista televisiva. La segunda vez que Kalanick visitó el país, explicaba, fue para lanzar la primera unidad india de la empresa tecnológica, Uber India Systems Private Ltd., en 2013.

Los archivos de Uber Files muestran cómo la empresa ideó formas de reducir su factura fiscal, luchó contra las autoridades fiscales en los tribunales y utilizó filiales holandesas para llevar a cabo sus principales actividades comerciales también en el país asiático.

En 2014, meses después de su constitución, las operaciones de Uber en India atrajeron el escrutinio de los reguladores. El Banco Central la acusó de no cumplir las normas sobre transacciones con tarjetas de crédito, y las autoridades fiscales afirmaron que la empresa no pagaba los impuestos de servicio sobre las tarifas, como exige la ley. Los funcionarios del departamento de recaudación indio pidieron al gerente de Uber en India que compareciera ante ellos y prestara declaración, según los archivos filtrados.

Uber contrató a abogados —y al gigante de la contabilidad E&Y— para luchar contra las demandas de las autoridades. “E&Y/los abogados están conformes con nuestra posición de que Uber no tiene ninguna responsabilidad de ST (impuesto sobre los servicios)”, escribía Axel Martínez, vicepresidente y tesorero de Uber, en un resumen de PowerPoint sobre cuestiones fiscales llamado “Proyecto Robert Dinero”. (”Dinero” aparecía en español en el original: es un juego de palabras con el término en español para money y el apellido del actor Robert De Niro, estrella del clásico del cine Taxi Driver).

Mientras los abogados de Uber se defendían de las reclamaciones del Gobierno, Allen Penn, que entonces dirigía las operaciones de Uber en Asia, envió un correo al equipo indio con un emoji sonriente en el que animaba a todos a mantener la concentración y a trabajar duro para “dominar el mercado :)”. “Abrazad el caos. Significa que estáis haciendo algo valioso”, escribía Penn en el correo. “Vosotros y UBER sois los que estáis mejorando India”. Penn y Martínez no respondieron a las peticiones de comentarios del ICIJ y sus socios de los medios. E&Y tampoco hizo comentarios.

A primeros de 2015, estaba claro que Uber había perdido su primera batalla con las autoridades indias. El Ministerio de Finanzas exigió a todas las empresas de transporte por carretera que pagaran un impuesto de servicio sobre todas las tarifas de los trayectos. También pidió a Uber que entregara información sobre los conductores, que debían registrarse ante las autoridades fiscales.

Pero la empresa tenía una solución para el nuevo impuesto. En abril de 2015, anunció que incluiría la tasa de servicio en el coste del trayecto. Los registros filtrados indican que la empresa quería “mostrar su compromiso de cumplir” con las normas indias, optando por una estrategia similar a la adoptada en Europa.

“Garantizaremos el cumplimiento de los socios [conductores] y mejoraremos la relación con las autoridades locales”, afirman las directrices del proyecto en PowerPoint. “El objetivo es convertirnos en facilitadores de la recaudación y el pago de impuestos”.

En los años siguientes, Uber recurrió varias resoluciones fiscales en India. Redujo su factura del impuesto de sociedades de 35 millones de dólares a 8 millones para 2018, 2019 y 2020. La empresa recibió una sentencia favorable tras impugnar las reclamaciones fiscales de 2016 y 2017 y estaba a la espera de ver si las autoridades apelaban, según el último de los estados financieros.

Se calcula que la India pierde cada año 16.000 millones de dólares por la evasión fiscal de las empresas y otros abusos fiscales, según un informe reciente de la Red de Justicia Fiscal.

Uber desmiente
La actual dirección de la compañía se desmarca de los hechos al considerar que su gestión debe ser juzgada "por lo que hemos hecho en los últimos cinco años y por lo que haremos en los próximos años".

La empresa, eso sí, reconoce posibles errores en gestiones pasadas: "No hemos puesto ni pondremos excusas por los comportamientos pasados que claramente no son coherentes con nuestros valores actuales", que según la nueva dirección se basa en "trabajar de manera transparente con los gobiernos para encontrar formas de modernizar o crear nuevas leyes que dieran cabida a las nuevas alternativas de transporte".

MacGann entregó a principios de este año más de 124.000 correos electrónicos, mensajes de texto y documentos internos a The Guardian, un socio de medios del Consorcio Internacional de Periodistasde Investigación. The Guardian compartió los registros con ICIJ, que organizó una colaboración periodística que creció hasta incluir a más de 40 socios de medios en 29 países.

Los documentos muestran cómo los ejecutivos de la empresa presionaron a los políticos en todo el mundo para obtener favores; negoció acuerdos de inversión con oligarcas rusos ahora sancionados; y explotó la violencia contra los conductores de Uber para impulsar regulaciones favorables.

“No hay excusa para la forma en que la empresa jugó con la vida de las personas”, dijo MacGann. “Estoy disgustado y avergonzado de haber sido parte de la trivialización de tal violencia”, dijo MacGann, "MMG" en los correos electrónicos filtrados, en una entrevista exclusiva con The Guardian que decidió filtrar los documentos, más de cinco años después de renunciar, para exponer las irregularidades de la empresa.

Al afirmar a los gobiernos que cambiar las reglas a favor de Uber beneficiaría económicamente a los conductores, "en realidad le habíamos vendido una mentira a la gente", dijo a The Guardian.

 “En la mayoría de los países bajo mi jurisdicción Uber no estaba permitido, no estaba autorizado, no era legal”. Dijo que el mantra de la compañía era "no pedir permiso, solo lanzar, apresurarse, reclutar conductores, salir, hacer marketing y rápidamente la gente se despertará y verá qué gran cosa es Uber".

Pero, reconoció MacGann, también participó en esa mala conducta. Y es evidente en los archivos de Uber: descaradamente pidió favores a los líderes políticos, participó en discusiones sobre la implementación del llamado "interruptor de apagado" para cortar el acceso a los datos de Uber durante las redadas policiales y cultivó vínculos con los oligarcas rusos.

“Soy en parte responsable”, le dijo a The Guardian. “Estuve allí en ese momento, yo era el que hablaba con los gobiernos, yo era el que impulsaba esto con los medios, yo era el que le decía a la gente que deberían cambiar las reglas porque los conductores se iban a beneficiar y la gente se iba a beneficiar”. tanta oportunidad económica.”

En respuesta a las preguntas del ICIJ, la portavoz de Uber, Jill Hazelbaker, dijo que MacGann no está en condiciones de hablar sobre el negocio de Uber hoy. “Mark solo elogió a Uber cuando dejó la empresa hace seis años. Desde entonces, sin embargo, Mark ha estado en litigio contra la compañía en un intento, entre otras cosas, de que le paguen una bonificación que afirmaba que le debían por su trabajo en Uber. Esa demanda terminó recientemente con el pago de 550.000 euros. Es digno de mención que Mark se sintió obligado a 'hacer sonar el silbato' solo después de que se liquidó su cheque".

Hazelbaker dijo que MacGann no "entiende el modelo comercial actual de Uber o nuestra relación con los conductores en países como España, Italia y el Reino Unido. Hay un valor económico y social real en los arreglos de trabajo flexibles e independientes. Los conductores están de acuerdo, razón por la cual decenas de millones de personas eligen el trabajo flexible en lugar de otras opciones de trabajo disponibles”.

The Uber Files es una investigación sobre los enormes esfuerzos de lobby del gigante de los viajes compartidos entre 2013 y 2017, años cruciales en su expansión global. Revela detalles íntimos sobre cómo la compañía obtuvo acceso a los líderes mundiales, incluido el entonces vicepresidente de EE. UU. Joe Biden, el entonces ministro de Economía francés Emmanuel Macron, el israelí Benjamin Netanyahu, el irlandés Enda Kenny y otros; llegó a acuerdos con empresarios vinculados al Kremlin; y trató de desviar la atención de su propia elusión fiscal ayudando a las autoridades a recaudar impuestos de sus conductores.

Los registros filtrados arrojan nueva luz sobre los incansables esfuerzos de Uber para transformar las leyes de transporte en mercados poco acogedores de todo el mundo, incluidos los de Francia, los Países Bajos y Rusia. También describen estrategias para frustrar la aplicación de la ley mucho más de lo que se informó anteriormente.

MacGann describió el enfoque de Uber para ingresar a nuevos mercados como una "tormenta de mierda", según los documentos. Presionó a Macron para que aprobara un decreto regulatorio, defendió la relación de la compañía con la ex ministra del gabinete holandés y comisionada europea Neelie Kroes, quien presionó a los políticos holandeses para que “obliguen al regulador y a la policía a retirarse” de investigar a Uber.

También participó en debates sobre el uso por parte de la empresa del llamado "interruptor de apagado" para cortar el acceso a los servidores de la empresa y evitar que las autoridades incauten pruebas durante redadas en las oficinas de Uber en al menos seis países. “El acceso a las herramientas de TI se cortó de inmediato, por lo que la policía no podrá obtener mucho o nada”, escribió MacGann en su momento.

MacGann estaba entre los ejecutivos de Uber que trabajaban para atraer a destacados inversores rusos en un intento fallido por ganar ese lucrativo mercado. Uno de ellos era Mikhail Fridman, copropietario de LetterOne, una firma de cartera, y Alfa Group, un conglomerado multinacional ruso. Uber pagó al vicepresidente de Alfa Bank $300,000 para lobbear en nombre de la empresa e influir en la legislación federal sobre taxis. Un ejecutivo de Uber dijo que a los abogados de la compañía les preocupaba que el pago se viera como un soborno para "acelerar los patines".

En respuesta a las preguntas del ICIJ, MacGann dijo que no creía que Kroes violara ninguna ley en sus interacciones con Uber. Dijo que estaba actuando por orden de la gerencia cada vez que formaba parte de las discusiones sobre el interruptor de apagado. MacGann agregó que le preocupaba que Uber le pagara al ejecutivo de Alfa Bank. No respondió a las preguntas sobre pedirle ayuda a Macron con los reguladores.

La portavoz de Uber, Jill Hazelbaker, también le dijo al consorcio que Uber reconoce sus "errores" y "pasos en falso" pasados. “No tenemos ni daremos excusas por el comportamiento pasado que claramente no está en línea con nuestros valores actuales”, dijo.

Hazelbaker dijo que Uber no ha utilizado un interruptor de apagado para frustrar las acciones regulatorias desde 2017. La compañía descartó cualquier sugerencia de que recibió un trato especial de Macron o su gabinete y enfatizó que nadie que trabaje en Uber hoy en día participó en la construcción de relaciones con los oligarcas rusos.

Después de preocuparse cada vez más por su seguridad y la seguridad de su familia, así como por la cultura laboral tóxica de Uber, dejó Uber en agosto de 2016. Empezó acciones legales contra la empresa y finalmente llegó a un acuerdo extrajudicial. Los términos no fueron revelados. No proporcionó más detalles.

Después de Uber, MacGann asumió un puesto de alto nivel en políticas y comunicaciones en la empresa de telecomunicaciones rusa VimpelCom, que recientemente había acordado pagarUS$  835 millones para resolver cargos de soborno en Estados Unidos y Holanda. En LetterOne, Fridman era un accionista importante.